La junta escolar de Sonoma Valley votó por retirar la bandera Pride de las escuelas del distrito. El medio que publicó la opinión sobre el caso defendió la medida y dijo que el voto fue estrecho.
Según esa publicación, la decisión no iba contra el movimiento LGBTQ+, sino contra una regla constitucional. La tesis es simple: si una escuela pública exhibe la bandera de un grupo, entonces tendría que abrir la puerta a las banderas de todos los grupos que pidan representación.
La nota recuerda un precedente de 2022. La Suprema Corte resolvió por 9-0 que la ciudad de Boston debía permitir que un grupo privado izara una bandera cristiana en el ayuntamiento para un evento, porque ya había permitido que muchos otros grupos izaran las suyas.
La publicación también sostiene que la bandera LGBTQ+ todavía puede ondear en ocasiones especiales, como el mes del Orgullo en junio. Dice además que las únicas banderas con ese privilegio permanente son la de Estados Unidos y la del estado de California.
El argumento central es que el espacio público no existe para consagrar símbolos de causa. Existe para mantener reglas iguales para todos. Y ahí está la discusión de fondo: una escuela pública no es un escenario de militancia, sino una institución del Estado.
La misma nota afirma que mostrar tolerancia hacia personas con distintas sexualidades, géneros y colores es importante. Pero añade que tolerancia no significa convertir cualquier identidad privada en virtud pública. Y remata con una frase dura: si la única forma de sentirse seguro es imponer el propio símbolo a los demás, ya no se es víctima; se es matón.
Ese es el verdadero choque. No entre respeto y odio, sino entre neutralidad constitucional y activismo institucional. Otra vez la doble vara: se exige al Estado que adopte una causa, pero luego se llama «discriminación» a que ese mismo Estado recuerde que debe tratar a todos por igual.
Que no te lo cuenten. Cuando la burocracia escolar decide qué bandera merece espacio preferente, no está enseñando civismo. Está tomando partido. Y cuando toma partido, la cuenta la pagan los contribuyentes y la pagará también la libertad de quienes no comparten ese relato.
