La jueza federal Kathleen Williams, designada por Obama, publicó el lunes una opinión formal. En ella refirió al abogado de Trump Alejandro Brito ante la Barra de Florida. Además ordenó que el fallo llegara a las autoridades que ya estudian quejas disciplinarias contra el fiscal general en funciones Todd Blanche y el fiscal asociado Stanley Woodward.
El caso de fondo involucra un acuerdo que, según Williams, protegió a Trump, miembros de su familia y empresas vinculadas de ciertos auditorías fiscales federales y reclamaciones.
Las barras de abogados pueden suspender licencias. Eso incluye las de altos funcionarios del Departamento de Justicia. El mensaje es claro: ejerce tu cargo y arriesgas tu carrera.
La reacción no vino solo de la derecha. Christian Lee Gonzalez-Rivera, profesor de derecho constitucional que se identifica como liberal y enseña en una universidad católica de Florida, habló con Fox News Digital. Sus palabras fueron directas: «Como profesor de derecho, abogado y ex asistente judicial, me niego a enseñar lo primero ni a aceptar lo segundo». Según él, la orden «sanciona efectivamente la presentación de argumentos debatibles, aunque perdedores, en casos de primera impresión de alto riesgo».
La queja contra Blanche lo acusa, según la fuente, de haber manejado mal evidencia vinculada a la investigación sobre Jeffrey Epstein, de usar el DOJ contra enemigos personales de Trump y de no representar correctamente los intereses de Estados Unidos en las negociaciones que crearon el ya extinto fondo de compensación por weaponización de 1.800 millones de dólares.
Woodward enfrenta una queja separada. Se le acusa de conflicto de interés por haber aprobado ese fondo. El argumento: él representó previamente a acusados del 6 de enero y a asociados de Trump que podrían haberse beneficiado del mismo.
Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí no es un tecnicismo procesal. Es la pregunta de si un juez puede usar el poder disciplinario de la barra para intimidar a los abogados que representan al Ejecutivo. Si la respuesta es sí, el Estado de derecho deja de ser un límite al poder y se convierte en su instrumento.
Contrafuego lo dice sin rodeos: cuando un profesor que se declara liberal rechaza públicamente la doctrina que un juez pretende instalar, el relato se cayó solo. La doble vara tiene nombre, apellido y número de caso.
