Un juez federal bloqueó esta semana la aplicación de la nueva ley de suicidio asistido de Nueva York. La medida protege a cuatro órdenes de monjas católicas y a varios ministerios de salud religiosos. No tendrán que cumplir el mandato estatal mientras el caso avanza en los tribunales.
El fallo llega después de que las órdenes demandaran al estado a finales de junio. La ley, que entraría en vigor el 5 de agosto, las obligaba a participar activamente en el proceso. Eso incluía informar a los pacientes terminales de su «derecho» a suicidarse, ayudarles a cumplir los requisitos para obtener las píldoras letales y derivarlos a un proveedor dispuesto a recetarlas.
La firma legal Becket, que representa a las hermanas, lo resume sin rodeos. «Negarse invita a multas significativas, revocación de licencias o incluso tiempo en prisión», señaló en un comunicado. Añadió que la ley federal prohíbe a Nueva York discriminar a proveedores de salud que objetan el suicidio asistido. Y que Nueva York lo hizo de todas formas.
Mark Rienzi, presidente de Becket y abogado principal del caso, fue directo. «Obligar a monjas católicas a participar en el suicidio —y robarle a los neoyorquinos la posibilidad de recibir atención que afirma la vida— es ilegal e injusto», declaró. El tribunal le dio la razón, al menos de forma provisional.
La Madre Mary Rose Heery, Priora General de las Hermanas Carmelitas para Ancianos y Enfermos, también se pronunció. Subrayó que las familias confían a sus seres queridos a sus cuidados precisamente porque saben lo que recibirán: ternura, dignidad y atención fiel.
El suicidio asistido está prohibido por la fe católica. No es un matiz doctrinal menor. Es una línea que estas órdenes no pueden cruzar sin traicionar el núcleo de su misión.
Esto no es un caso menor de regulación sanitaria. Es el aparato estatal de Nueva York intentando forzar a instituciones religiosas a violar su conciencia bajo amenaza de cárcel. La burocracia no ofreció exención. No negoció. Simplemente legisló y esperó que las monjas cedieran.
No cedieron. Demandaron. Y un juez federal les dio amparo. Que no te lo cuenten como otra cosa: cuando el Estado impone su relato sobre la vida y la muerte, el primer muro que encuentra es el de quienes cuidan a los moribundos sin cobrar titulares por ello.
