Catherine Herridge respiró por primera vez en meses. El juez federal Christopher Cooper ordenó el viernes suspender la multa de 800 dólares diarios que pesaba sobre la exreportera de Fox News. También ordenó devolverle los 14.400 dólares que ya había pagado.
El motivo: Herridge se negó a revelar sus fuentes confidenciales. Eso le costó una declaración de desacato civil en 2024. Desde entonces, el aparato judicial la ha presionado cada día para que hable.
La historia arranca en 2017. Herridge publicó en Fox News reportajes sobre Yanping Chen, una científica chino-estadounidense bajo investigación de contrainteligencia del FBI. Los reportajes abordaban las afiliaciones de Chen con el ejército chino y las declaraciones que hizo en sus formularios de inmigración sobre su trabajo en China en los años ochenta. Chen no fue acusada de ningún delito. Pero en 2018 demandó al FBI alegando que funcionarios federales filtraron información protegida sobre ella en violación de la Ley de Privacidad.
En ese litigio, Chen citó a Herridge como testigo de terceros. Le exigió que identificara quién le pasó los documentos. Herridge se negó. El juez Cooper le impuso el desacato y la multa diaria. El año pasado rechazó su petición de pausar los cargos mientras apelaba.
Este viernes dio marcha atrás. Cooper emitió una orden en la que suspende las multas «hasta la denegación de cualquier petición de certiorari presentada en tiempo o hasta la conclusión de los procedimientos del Tribunal Supremo». También rechazó la solicitud de Chen de elevar la multa de 800 a 5.000 dólares diarios.
Herridge planea pedir al Supremo que admita su caso antes de que termine el mes. Fox News corre con sus gastos legales. La cadena advirtió que «obligar a un periodista a revelar una fuente no solo amenaza la libertad de prensa, sino que congela el periodismo de investigación que fiscaliza al poder». La Freedom of the Press Foundation había calificado la condena original de «golpe significativo a la libertad de prensa para todos los periodistas».
Aquí está el principio que el relato progresista nunca menciona: el Estado usó un litigio civil para extraer información que ningún fiscal se habría atrevido a pedir directamente. No es protección de una ciudadana. Es la burocracia federal convirtiendo a un juez en palanca de presión contra una reportera incómoda. Que el juez haya rectificado no borra el daño. Herridge lleva años y 14.400 dólares pagando el precio de hacer su trabajo. Que no te lo cuenten de otra manera.
