Un juzgado de Bogotá negó la tutela del senador Iván Cepeda. La acción buscaba proteger la programación de las 20 Emisoras de Paz. Cepeda la presentó junto a Ascamcat y Capacs.
El reclamo apuntaba a la suspensión, desde el 18 de agosto, de espacios locales, noticiosos y de opinión. Los accionantes hablaban de riesgo para la libertad de expresión, la información y la paz. Grandes palabras. El juzgado no las compró.
Inravisión, la entidad estatal a cargo, respondió con datos simples. Las emisoras nunca cerraron. Siguieron al aire las 24 horas. Lo que hubo fue un esquema transitorio de reorganización de contenidos.
El despacho revisó las pruebas y no encontró decisión administrativa de clausura. No hubo cancelación de frecuencias. No hubo fin de operación. Tampoco se acreditó que el cambio apuntara contra un programa, un contenido o una persona en particular. Fue general, para toda la red.
Con esos elementos, el juzgado descartó el escenario de censura que planteaba la tutela. El relato se cayó solo.
Hubo, eso sí, un gesto hacia Inravisión: el exhorto a publicar un cronograma de reactivación de los espacios informativos. El fallo reconoció además el papel de estas emisoras dentro del Acuerdo Final, como herramientas de pedagogía y reconciliación en zonas del conflicto.
Pero el punto central no se mueve. El cambio temporal, por sí solo, no probó afectación real del derecho a la paz. Las frecuencias, la infraestructura y los contratos seguían vigentes. Cepeda ya anunció que impugnará.
Aquí está la ironía que nadie quiere nombrar en el petrismo. Las Emisoras de Paz son manejadas por Inravisión, entidad del propio aparato estatal que hoy gobierna. Es ese mismo Estado, bajo esta administración, el que decidió reorganizar los contenidos. Y es un senador aliado del oficialismo quien sale a denunciar censura contra la burocracia de su propio bando.
Si la reorganización de una parrilla estatal es censura cuando la ordena tu gobierno, ¿qué era entonces cuando otros gobiernos tocaban medios públicos? Otra vez la doble vara. La diferencia esta vez es que el juez no se la tragó.
Que no te lo cuenten como plan siniestro de un enemigo externo. Fue la propia casa administrativa del petrismo la que movió la parrilla. Y su propio senador terminó pidiéndole cuentas a la justicia, no a su gobierno.
