Un juez de la Corte Suprema de Manhattan ordenó al restaurante Babbo, en Greenwich Village, entregar a un sindicato las grabaciones de sus cámaras de seguridad, los nombres de los comensales presentes esa noche, posibles datos de empleados y cualquier texto o correo interno relacionado con un incidente ocurrido el 27 de octubre pasado.
Esa noche, durante la gran reapertura del local, alguien acuchilló a «Scabby the Rat», la rata inflable gigante que el sindicato Local 25 había colocado frente al restaurante para protestar contra las prácticas laborales de Starr Restaurants, el grupo propietario de Babbo, Buddakan y Pastis, operado por Stephen Starr.
Según el representante sindical Mike Haack, quien estaba mirando en otra dirección en el momento del ataque, escuchó un «sonido de silbido» y vio a un hombre que salía del restaurante vistiendo un traje oscuro similar al uniforme del personal de sala. «Mientras me daba vuelta, él camina sosteniendo un cuchillo, un pequeño cuchillo de pelar», declaró Haack, según recoge The New York Post. El hombre volvió a entrar al local de inmediato. Momentos después, «Scabby» presentaba un agujero de ocho pulgadas en su muslo derecho.
Haack llamó al 911 esa misma noche. Hasta diez agentes recorrieron el salón del restaurante buscando a un hombre con «un pequeño cuchillo de pelar», pero la búsqueda no produjo ningún culpable. Babbo informó a los oficiales que necesitarían una orden judicial para acceder a sus cámaras de seguridad.
La rata, que tiene un costo de aproximadamente 7.000 dólares, fue reparada tras el incidente. Local 25 representa a trabajadores de la industria hotelera en el área de Washington D.C., donde Starr tiene restaurantes que el sindicato busca sindicalizar. Starr Restaurants y su firma legal Troutman Pepper Locke no respondieron a las solicitudes de comentario.
La decisión del 30 de junio da la razón al sindicato en su solicitud de acceso a la información. «Muestra que el tribunal está tomando esto muy en serio», declaró Haack.
Que no te lo cuenten. El fallo pone sobre la mesa una tensión real: el derecho de un negocio privado a proteger la privacidad de sus clientes y la confidencialidad de sus comunicaciones internas frente a una orden judicial obtenida a instancias de un actor sindical. Babbo no es el Estado; sus comensales esa noche no eran parte de ninguna disputa laboral. Sin embargo, la Corte ordenó que sus nombres queden en manos del sindicato. Libre empresa, privacidad del cliente y comunicaciones internas de una empresa privada: todo ello ahora sujeto a entrega obligatoria. El principio en juego merece atención, independientemente de quién haya empuñado el cuchillo.
