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Un lobstero de Maine lleva al Supremo la pelea contra el GPS estatal que vigila su bote 24/7

Frank Thompson perdió en la Corte Suprema su intento de frenar el requisito de rastreo para embarcaciones de langosta, pero insiste en que «no se ha acabado». La batalla abre una pregunta incómoda sobre cuánto poder quiere el Estado sobre oficios que lleva generaciones sosteniendo la economía local.
domingo 11 de octubre de 2026

Un lobstero de Maine no piensa rendirse tras el revés en la Corte Suprema. Frank Thompson, de Vinalhaven, dijo a Fox News Digital que la pelea por el requisito de rastreo GPS «no se ha acabado».

Thompson, que se define como lobstero de quinta generación, explicó que el mandato obliga a instalar una pequeña caja electrónica a bordo de los barcos con licencia federal para capturar langosta en Maine. Según el Maine Department of Marine Resources, esos dispositivos recogen la ubicación del bote una vez por minuto cuando se mueve y cada seis horas cuando está amarrado.

La Corte Suprema rechazó escuchar su impugnación y dejó en pie una decisión del Primer Circuito. Ese tribunal concluyó que el requisito no violaba la Cuarta Enmienda porque la captura de langosta es una industria estrechamente regulada.

Thompson no compra ese argumento. Dijo que el aparato convierte su bote en una especie de «pulsera de tobillo» impuesta por el gobierno. También afirmó que el dispositivo registra datos incluso en viajes personales. Para él, eso deja abierta una vigilancia constante sobre su vida y su trabajo.

El pescador dijo que lleva décadas saliendo desde Vinalhaven hacia aguas más profundas para poner trampas y levantar langostas. También señaló que trabaja con Fox Island Lobster Company junto a su esposa y sus dos hijos.

Su abogado, Matthew Gilliam, habló con Fox News Digital sobre las preocupaciones de la Cuarta Enmienda y sobre el riesgo de que el caso tenga efectos más amplios. La propia nota de Fox plantea que esta pelea podría extenderse más allá del agua.

Eso es lo que importa. No se trata solo de un aparato en un bote. Se trata de un aparato del Estado sobre un oficio tradicional. Se trata de hasta dónde puede llegar la burocracia cuando dice que vigila por regulación.

Otra vez la doble vara. Al contribuyente le piden tolerar más control, más registros y más vigilancia, mientras el Estado amplía su alcance en nombre de la gestión. Que no te lo cuenten: cuando un oficio familiar termina tratado como si necesitará una pulsera electrónica, el problema ya no es técnico. Es de libertad.

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