Nueva York celebró esta semana la entrada en vigor de su ley de Ayuda Médica para Morir. La comunidad pro-muerte del estado aplaudió. Pero mientras brindaban, un informe del gobierno holandés revelaba en silencio algo que debería helar cualquier debate: por primera vez, médicos en los Países Bajos eutanizaron a un niño menor de 12 años.
El caso acaba de hacerse público a través de un reporte oficial. Los detalles son escasos —nombre del niño, nombre de los padres, nombre de los médicos, naturaleza de la enfermedad: todo oculto bajo lo que el ministro de Salud holandés describió con la frialdad de un contador de frijoles como un paciente «incurablemente enfermo»—. Transparencia, dijeron siempre los impulsores de estas leyes. Guardarraíles, prometieron. Lo que hay es silencio burocrático.
La ley holandesa vigente hasta hace dos años solo permitía la eutanasia desde los 12 años en adelante —con permiso parental hasta los 16— y cubría también a recién nacidos hasta el año de vida. Hace dos años, el país cerró esa brecha etaria y autorizó la muerte administrada de niños de entre 1 y 12 años. No tardó en aplicarse.
Según la normativa, los padres deben dar su consentimiento y el médico debe «involucrar al niño, en la medida en que sea capaz, en la decisión». Supongamos que el niño tenía 10 años. ¿Cómo se le explicó que morir era la única opción? ¿Se le ofrecieron alternativas? ¿Estaba esa información sesgada hacia la eutanasia? Son preguntas sin respuesta porque el aparato estatal las entierra en jerga administrativa.
El historial holandés no invita a la confianza: según el artículo de Mark P. Mostert, investigador del National Center for Public Policy Research, ningún profesional médico en los Países Bajos ha recibido más que una amonestación leve por eutanasias «impropias», casi siempre por errores de papeleo. Cero consecuencias reales. Cero rendición de cuentas.
Eso es exactamente lo que ocurre cuando el Estado convierte la muerte en un trámite administrativo: primero los enfermos terminales adultos, luego los adolescentes, luego los bebés, luego los niños de primaria. Cada paso se vendió como excepcional, acotado, lleno de salvaguardas. Cada paso fue el escalón hacia el siguiente.
Nueva York acaba de poner el pie en esa escalera.
Desde Contrafuego lo decimos sin rodeos: cuando el gobierno administra la muerte con la misma lógica con que gestiona licencias o subsidios, el resultado no es compasión —es burocracia letal—. El principio en juego no es médico ni filosófico: es si el Estado tiene límites o si, una vez que se le entrega el control sobre el cuerpo humano, los irá expandiendo hasta donde nadie quiso llegar. Holanda ya respondió esa pregunta. Un niño sin nombre en algún lugar de ese país lo pagó con su vida. Que no te lo cuenten como un dato estadístico.
