Una abuela en un acto de campaña en Florida, la semana pasada, pidió a Byron Donalds que interviniera para poder ver a su nieto. Dijo que no lo veía desde el 7 de agosto y rogó por «derechos de abuelos» si Donalds gana la gobernación.
El video se volvió viral. La escena se alimentó, en parte, por una tendencia triste: el distanciamiento familiar. En la última década, más adultos parecen cortar relación con sus padres, o entrar en un «no contacto», por consejo de terapeutas, amigos o comentaristas en redes.
Una encuesta importante de esta primavera encontró que el 38% de los adultos estadounidenses consultados había evitado deliberadamente a un amigo o familiar en el último año. Eso es doloroso. Y también es real.
Pero pedirle al gobierno que entre a resolver ese problema es otra cosa. Es una mala solución. Y abre la puerta a que el aparato estatal se meta donde no debe.
La mujer culpó a la «pequeñez» de la decisión de su hija de mantenerla alejada del niño. Dijo: «Me negué a hacer de niñera, porque tenía planes». Después agregó un dato que encendió alarmas: dijo que trabajaba con su representante en el Congreso, el republicano Randy Fine, «para ver si podíamos hacer una ley federal para que fuera nacional».
No está claro si eso es cierto. Mensajes enviados esta semana a la oficina de Fine pidiendo confirmación no obtuvieron respuesta.
Donalds prometió «mirarlo». Y, para un político en campaña, eso fue lo correcto: empatizar con la abuela y seguir adelante.
Pero en varios estados ya están intentando legislar esta disputa. El año pasado, legisladores en Florida, Massachusetts, Missouri y Minnesota presentaron proyectos para obligar a los padres a dar acceso a sus hijos a un abuelo distanciado. Ninguno se convirtió aún en ley.
Y no por casualidad. La realidad es simple. Los padres deben tener el poder de decidir lo que más conviene a su hijo.
Un caso en Rhode Island este año lo dejó claro. Un juez falló a favor de un padre que no quería que los padres de su esposa fallecida vieran a sus hijos. El hombre presentó en corte evidencia de que los abuelos lo habían grabado en secreto mientras expresaba sus temores sobre hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían. El juez Felix Gill dijo que la grabación «refuerza la razonabilidad» de las preocupaciones del padre y «su decisión de restringir las visitas».
La Corte Suprema de Estados Unidos ya había fijado una base parecida en el año 2000. En ese caso sobre «derechos de abuelos», sostuvo que los padres aptos deben recibir «deferencia» al decidir qué es mejor para su hijo. El caso cuestionó una ley del estado de Washington que permitía que «cualquiera» pidiera acceso a un menor y que los tribunales ordenaran visitas si servían al «mejor interés del niño».
Ese riesgo no desapareció del todo. Sigue vivo en estatutos de Connecticut y Delaware.
Los padres han defendido con éxito sus derechos en otros frentes. Han ganado batallas judiciales para exigir notificación y consentimiento parental en casos de transición de menores en las escuelas. También han peleado por sacar a sus hijos de lecciones dudosas y lecturas objetables.
Grupos como Moms for Liberty se movilizaron para asegurar que los padres tengan autoridad sobre la educación, las asociaciones y las decisiones médicas de sus hijos.
Esos avances no deben deshacerse por las lágrimas de una abuela. Los padres son la última palabra sobre sus hijos. Punto.
Cualquier intento de romper ese límite erosiona sus derechos y abre la puerta a un castigo legal y financiero. Los abuelos pueden ser importantes y amorosos. Pero no tienen el mismo vínculo ni cargan con las mismas responsabilidades. Y los políticos deberían mantenerse fuera de estas peleas familiares.
Otra vez la doble vara. Cuando conviene al relato, la familia importa. Cuando estorba, aparece la burocracia a dictar quién puede ver a un niño. Que no te lo cuenten.
