Un tribunal federal de apelaciones acaba de dar un golpe histórico al control de armas estatal. El Tercer Circuito dictaminó el viernes que la prohibición de Nueva Jersey sobre rifles semiautomáticos y cargadores de alta capacidad viola la Segunda Enmienda. El voto fue 10 a 5.
Es la primera vez que un tribunal federal de apelaciones anula una ley estatal que prohíbe las llamadas «armas de asalto». No es un precedente menor. Es un quiebre.
Un tribunal inferior ya había declarado inconstitucional la prohibición específica sobre los rifles Colt AR-15. El Tercer Circuito fue más lejos. Extendió esa protección a todos los rifles semiautomáticos cubiertos por la ley estatal. «El mismo resultado aplica a la clase más amplia de rifles semiautomáticos», escribió el tribunal.
El fallo se apoya en la decisión del Tribunal Supremo de 2022 en New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Esa sentencia estableció que las leyes modernas sobre armas deben ser «consistentes con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación». El estándar es claro. Nueva Jersey no lo cumplió.
La fiscal general del estado, Jennifer Davenport, demócrata, calificó el fallo de «tan desafortunado como jurídicamente incorrecto». Dijo que el estado ya evalúa sus opciones legales. La Firearms Policy Coalition, uno de los demandantes, celebró la decisión. Su presidente, Brandon Combs, la llamó «una victoria masiva para el pueblo y otro golpe devastador a la guerra autoritaria contra los dueños de armas».
El Tribunal Supremo, mientras tanto, analiza desafíos a prohibiciones similares en Connecticut e Illinois. Lo que decida allí definirá el mapa legal para todo el país.
Que no te lo cuenten. El relato de que restringir armas equivale a restringir la violencia nunca tuvo respaldo constitucional sólido. Lo que sí tiene respaldo es el derecho individual reconocido en la Segunda Enmienda. Los tribunales, cuando aplican el texto y la historia, llegan a esa conclusión una y otra vez.
El aparato estatal de Nueva Jersey gastó años y recursos del contribuyente defendiendo una ley que acaba de caer. Lo que queda en pie es el principio: el ciudadano tiene derecho a defenderse. El gobierno tiene el deber de respetarlo.
