Un hombre de 53 años disparó más de 200 balas contra trabajadores forestales en una zona rural de Oregon City. El caos comenzó el sábado 29 de agosto, cerca de las 2:30 p.m. Vecinos llamaron al 911 al ver a un hombre armado abriendo fuego contra una cuadrilla que talaba árboles.
El sospechoso, identificado como Erik Gordon Shunn, no se rindió. Tomó un tractor pesado y arrasó árboles para levantar una barricada improvisada contra la policía. Después le disparó a un dron policial que lo vigilaba desde el aire.
Los reportes iniciales hablaban de unos 20 disparos. La investigación posterior reveló otra cifra: más de 200 balas durante todo el episodio.
El enfrentamiento terminó cerca de las 3:45 p.m. Shunn se separó por error de su rifle. Un equipo SWAT no dudó. Embistió con su vehículo blindado el tractor del sospechoso. Lo aplastó contra su propia casa. Así evitó que volviera a armarse.
Nadie resultó herido. Ni siquiera la madre del sospechoso, atrapada dentro de la vivienda durante todo el tiroteo.
Shunn quedó detenido en la cárcel del condado de Clackamas, sin derecho a fianza. Enfrenta cargos de intento de homicidio en segundo grado, asalto agravado en primer grado, violaciones a la ley de armas y amenazas.
El vehículo usado, según todo indica, fue un Lenco BearCat. Un documento de adquisiciones del condado de Clackamas de 2022 confirma que el Sheriff's Office había comprado esa unidad para reemplazar vehículos SWAT ya obsoletos. El documento lo describe con claridad: sería asignado a la división táctica del condado.
Que no te lo cuenten como una anécdota curiosa. Este es exactamente el tipo de escenario que la burocracia progresista usa para exigir el desarme del equipo táctico policial. Activistas y políticos llevan años pidiendo que se retire ese «equipo militarizado» de manos de los sheriffs, con el argumento de que intimida más de lo que protege.
En Oregon City, ese mismo equipo evitó una masacre. Un hombre con más de 200 balas disparadas y una barricada de árboles fue neutralizado sin una sola baja. Ni entre los trabajadores, ni entre los policías, ni entre los vecinos.
El relato que criminaliza el armamento táctico como símbolo de abuso estatal se cae solo frente a un caso como este. La propiedad privada, la vida de los trabajadores y el orden público se defendieron gracias a la herramienta que algunos quieren prohibir. La discusión sobre los límites del poder policial es legítima. Pero ignorar resultados como este solo por prejuicio ideológico no es análisis: es doble vara.
