Una jueza federal designada por Obama acaba de poner en jaque uno de los movimientos legales más controvertidos de la administración Trump. La magistrada Kathleen Williams emitió una orden de 56 páginas. En ella sancionó a los abogados involucrados en el caso. También prohibió a ambas partes citar el acuerdo como un fallo judicial reconocido.
El blanco principal es el llamado fondo «anti-weaponización» de 1.776 millones de dólares. El Departamento de Justicia ya lo había retirado tras críticas bipartidistas. Williams lo resucitó en su resolución. Lo citó repetidamente como prueba de que el acuerdo respondía a «marca política», no a un cálculo legítimo de daños.
Las palabras de la jueza no dejan margen de interpretación. «La naturaleza de la demanda y la conducta de las partes demuestran que esto fue un intento de usar al tribunal para conferir inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente y destinar miles de millones de dólares de los contribuyentes a remediar agravios no definidos en la ley», escribió Williams. Añadió que nunca existió una controversia real. Trump controlaba las agencias que defendían el caso. No había adversidad genuina.
Las consecuencias son concretas. Williams refirió al fiscal general en funciones Todd Blanche y al procurador general asociado Stanley Woodward a sus respectivos colegios de abogados. Ambos ya tienen procedimientos disciplinarios pendientes. También refirió al abogado de Trump Alejandro Brito al Colegio de Abogados de Florida. Y prohibió a Daniel Epstein, vicepresidente de America First Legal, comparecer ante su tribunal durante un año.
El momento es delicado. La resolución llega dos días antes de la audiencia de confirmación de Blanche en el Senado. Los demócratas ya anunciaron que lo interrogarán sobre el acuerdo y sus cláusulas restantes.
Desde el equipo legal de Trump, la respuesta fue inmediata. Un portavoz defendió la demanda. Argumentó que el IRS permitió que un contratista gubernamental filtrara declaraciones de impuestos confidenciales del presidente, su familia y la Trump Organization a varios medios de comunicación. «El presidente Trump sigue exigiendo responsabilidades a quienes perjudican a América y a los americanos», señaló el portavoz.
Aquí el principio en juego es doble. Primero: los tribunales no son instrumentos de branding político, ni de izquierda ni de derecha. Segundo: cuando el aparato estatal negocia acuerdos que involucran fondos de los contribuyentes sin una base legal clara, alguien debe decir basta. Que esa voz venga de una jueza de Obama complica el relato simple. Pero el fondo del asunto no cambia. Usar el erario para blindar intereses políticos es exactamente el tipo de burocracia que el ciudadano de a pie paga, sin que nadie se lo haya pedido.
