La Corte Suprema de Justicia concedió libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle. Lo hizo por vencimiento de términos, al cumplirse el plazo legal sin que se hubiera celebrado la audiencia pública de juzgamiento.
Name y Calle siguen acusados de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Según la acusación, habrían recibido una coima de $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, a cambio de apoyar proyectos del Gobierno relacionados con las reformas pensional y de salud.
La decisión llegó en la misma semana en que generó polémica el traslado a La Picota de Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales testigos del escándalo de la UNGRD. La Corte señaló que habían transcurrido 12 meses desde que quedó en firme la resolución de acusación, el 7 de octubre de 2025, sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento. También indicó que no encontró que la demora fuera atribuible a los procesados o a sus defensas.
La libertad se hará efectiva una vez cada uno pague 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cerca de 18 millones de pesos, y firmen un acta de compromiso. Además, las autoridades deberán verificar que no sean requeridos por otro proceso.
Desde su defensa, Calle celebró la decisión y dijo que espera poder defender su inocencia en el juicio que se avecina.
El caso sigue siendo un retrato brutal del deterioro institucional que dejó la UNGRD. Una entidad creada para atender emergencias terminó, según hallazgos de la Fiscalía y la Procuraduría, como una red de contratos amañados y favores políticos. Y mientras la burocracia judicial deja correr el reloj, el costo político y moral lo pagan los ciudadanos.
Otra vez la doble vara: la vara dura para el ciudadano común, la vara blanda para la casta con abogados y tiempo. Que no te lo cuenten. Cuando el Estado no castiga a tiempo, el mensaje es simple: el poder siempre encuentra salida. El relato se cayó solo.
