Al Gore lanzó «An Inconvenient Truth» hace dos décadas y logró algo notable: inocular en millones de estadounidenses la certeza de que el cambio climático representa una crisis existencial para la humanidad. Así lo describe Juan Davis Rojas en UnHerd, quien sostiene que esas afirmaciones alarmistas sobre un «apocalipsis inminente» fueron siempre «salvajemente inexactas».
El cambio climático antropogénico es real. Eso no está en disputa. Pero según el análisis, no existe evidencia de un «riesgo terminal para la humanidad». Lo que sí existen son medidas racionales y de sentido común para mitigar las consecuencias negativas del calentamiento, incluyendo la expansión de energía eólica, solar, geotérmica y nuclear. El mundo, además, ha dado «grandes pasos» en reducción de emisiones desde 2006 — dato que los fundamentalistas climáticos prefieren ignorar.
El problema no es reconocer el fenómeno. El problema es haberlo convertido en religión de Estado.
La pieza de Rojas apunta directamente a los «sucesores fundamentalistas» de Gore: activistas y políticos que han radicalizado el discurso hasta el punto de que su propia obstinación «contribuyó a su propio descrédito». El relato del fin del mundo inminente tiene fecha de caducidad. Cuando los plazos pasan y el colapso no llega, la credibilidad se erosiona — y con ella, la posibilidad de impulsar políticas energéticas sensatas.
En otro frente, un análisis de Jennifer Weber y Carolyn D. Gorman en City Journal documenta el desastre generado por las reformas disciplinarias escolares impulsadas a partir de 2003 en Estados Unidos. La premisa era que las suspensiones y expulsiones afectaban «desproporcionadamente» a estudiantes con discapacidades y a jóvenes de comunidades negras y latinas, empujándolos hacia el sistema de justicia — el llamado «school-to-prison pipeline». El resultado: los distritos reemplazaron la disciplina efectiva con enfoques de «justicia restaurativa», aprendizaje socioemocional y prácticas «informadas por el trauma». Según las autoras, estas metodologías solo incentivan el mal comportamiento. La única disciplina que funciona, argumentan, es la que vincula consecuencias claras con conductas específicas.
Dos casos distintos, un mismo patrón: el progresismo institucional vende soluciones envueltas en buenas intenciones, ignora la evidencia cuando los resultados fallan y culpa a otros cuando el edificio se cae. El contribuyente paga la factura — en subsidios a tecnologías ideológicamente correctas o en escuelas que ya no pueden garantizar orden básico.
Desde Contrafuego lo decimos sin rodeos: el alarmismo climático y el relativismo disciplinario no son errores de cálculo. Son productos de una visión del mundo que subordina los hechos al relato. Cuando el relato se cae solo — y siempre se cae — quienes pagaron el precio no son los ideólogos que lo diseñaron. Son los estudiantes en aulas sin orden y los ciudadanos con facturas de energía más altas. Que no te lo cuenten.
