Que no te lo cuenten.
Robert votó por Donald Trump. Es republicano. Y la semana pasada vio cómo agentes del ICE se llevaban a su prometida colombiana desde el aeropuerto de Baltimore sin uniforme, sin placa visible, después de llamarla por los altavoces de la aerolínea como si fuera un pasajero rezagado.
La mujer, identificada como «Julieta» para proteger su identidad, acudió al llamado y encontró a dos hombres de civil. Eran agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Le comunicaron que estaba detenida y la condujeron a las oficinas del aeropuerto.
Robert no entiende qué ocurrió. Insiste en que los trámites migratorios de su pareja están supervisados por abogados y que su situación es regular bajo las leyes vigentes. Decidió redactar una carta dirigida al presidente Trump para pedir clemencia, calificando lo sucedido como un «error grave» del sistema administrativo.
«Estoy conmocionado con lo que ha pasado la última semana. Esto no es por lo que acepté votar», declaró a Univisión.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció su propia versión al mismo medio: según la agencia, Julieta «permaneció en Estados Unidos ilegalmente durante cuatro años tras haber excedido el plazo de su visado, violando así las condiciones de su admisión legal». Dos versiones, una detención.
Desde el centro de detención, Julieta describió condiciones que ella califica de hostiles: falta de higiene, alimentación inadecuada, privacidad inexistente en los baños y cámaras sobre las celdas femeninas. «Yo he hecho las cosas de manera legal con mis abogados mediante los procesos que Estados Unidos a mí me ha dado para poder estar acá», sostuvo.
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El caso de Robert y Julieta no es un argumento contra la aplicación de la ley migratoria; es un recordatorio de que las políticas generales producen casos individuales con nombres y caras. El DHS tiene su versión documentada. El prometido tiene abogados y una carta. La verdad legal la determinará un proceso, no un titular.
Lo que sí está sobre la mesa es el principio de debido proceso: si los trámites de Julieta son regulares, como sostiene su representación legal, el aparato estatal tiene la obligación de demostrarlo con transparencia, no de escudarse en el silencio burocrático. Y si la versión del DHS es correcta, Robert tendrá que aceptar que votar por un candidato implica también votar por sus políticas, incluso cuando llaman a tu prometida por los altavoces de un aeropuerto.
