Earl Walker Jackson, obispo nondenominacional y autor, cargó contra demócratas y la izquierda por lo que llamó una idea «profundamente insultante» y «profundamente ofensiva»: que minorías y afroamericanos no pueden conseguir una identificación para votar.
La discusión se encendió esta semana después de que Reuters informara que una investigación encontró 30.000 no ciudadanos «registrados por error» para votar en 11 estados. Jackson dijo que esos hallazgos muestran un problema creciente de voto de no ciudadanos que deja sin efecto el voto de ciudadanos estadounidenses.
En entrevista con Fox News Digital, Jackson sostuvo: «¿Por qué los demócratas están tan comprometidos con esto? Solo puede explicarse de una manera: creen que empodera a personas que no deberían votar para que voten, y creen que esas personas van a votar por ellos».
También lo resumió sin rodeos: «Esto no es más que una toma de poder». Y añadió que cada voto de un no ciudadano «anula de hecho» el voto de un ciudadano estadounidense, o lo amplifica de una manera «ilegal o inapropiada».
Reuters reportó el miércoles que más de 30.000 no ciudadanos declarados por sí mismos fueron añadidos a padrones electorales de Estados Unidos desde 2000. La agencia atribuyó esas inscripciones erróneas a «fallos de software y errores administrativos» y dijo que su revisión sugería «fallos burocráticos involuntarios, más que esfuerzos organizados para registrar inmigrantes ilegalmente». Reuters dijo que no pudo determinar cuántos no ciudadanos sí emitieron votos.
Los errores ocurrieron en California, Illinois, Iowa, Nevada, Ohio, Oregon, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas, Utah y Virginia.
Don Palmer, senior legal fellow para integridad electoral de Heritage Foundation, dijo a Fox News Digital que, por vacíos legales y exigencias de reporte laxas, cree que la cifra de 30.000 es «en realidad bastante baja». También dijo que los registros identificados como no ciudadanos pueden ser más, porque en muchos estados no se han hecho auditorías o no usan herramientas para detectarlos.
La lección es simple. Cuando la burocracia se equivoca, no paga ella. Paga el ciudadano que sí cumple. Por eso el debate sobre identificación no es un capricho: es una pelea por la integridad del voto y por el derecho de cada ciudadano a que su voz no sea diluida por errores del aparato estatal.
Otra vez la doble vara. A unos les piden aceptar el fallo administrativo como si fuera rutina. A otros les exigen fe ciega en un sistema que, según Reuters, ya dejó 30.000 registros erróneos. El relato se cayó solo: sin reglas claras, la confianza pública se erosiona y el costo lo termina pagando el contribuyente y el votante honesto.
