La ley de vivienda más grande en más de treinta años es ahora derecho vigente en Estados Unidos. No porque Trump la firmara. Sino porque la ignoró tanto tiempo que entró en vigor sola.
El presidente calificó la crisis de asequibilidad de «hoax». Llamó a la legislación «menor». Según la propia senadora Elizabeth Warren, Trump dejó pasar el plazo sin actuar porque le importaba poco «el apretón que enfrentan las familias».
Lo que establece la ley es concreto. Crea incentivos federales para que las comunidades construyan más vivienda. Elimina regulaciones obsoletas que frenaban la construcción. Abarata la vivienda prefabricada. Y prohíbe que el capital privado compre viviendas unifamiliares en masa.
Ese último punto es el más revelador. Warren lleva años señalando al capital privado como depredador de industrias. Ahora lo convirtió en ley. Según ella, casi el 90% de los votantes apoya la medida. Los líderes del proceso fueron, entre otros, el senador republicano Tim Scott y la representante demócrata Maxine Waters.
Hasta aquí los hechos. Ahora viene la siguiente jugada.
Warren no celebra. Acelera. Propone fijar por ley un tope del 10% a los intereses de tarjetas de crédito. Cifra que, según la senadora, el propio Trump prometió en enero pasado. Afirma que las familias han pagado «368 millones de dólares cada día» por esa promesa incumplida. También propone dar más herramientas a los reguladores antimonopolio para perseguir lo que llama «fijación abusiva de precios» en la industria alimentaria.
El relato que construye Warren es nítido: el Congreso actúa, Trump no. El Estado resuelve, el mercado abusa.
Contrafuego lee esto de otra manera. La ley contiene medidas que cualquier defensor de la propiedad privada debería evaluar con cuidado. Desregular la construcción y abaratar la vivienda prefabricada son pasos razonables. Pero prohibir que ciertos actores privados compren determinados inmuebles es intervencionismo puro. El Estado decide quién puede ser propietario. Eso tiene nombre.
Y la siguiente lista de Warren es más ambiciosa aún. Topes de interés impuestos por decreto. Reguladores antimonopolio con más poder discrecional. Más burocracia para controlar precios en la cadena alimentaria. Cada propuesta amplía el aparato estatal. Cada ampliación tiene un costo. Ese costo lo paga el contribuyente o lo absorbe el mercado en forma de menos oferta.
Que no te lo cuenten. La crisis de vivienda es real. Pero el remedio que propone Warren no es el mercado funcionando. Es el Estado expandiéndose. Y el Estado expandido tiene un historial muy conocido: más gasto, menos resultados, y la siguiente crisis lista para justificar la siguiente ley.
