El Gobierno de Estados Unidos anunció el 23 de julio un arancel del 12,5% para los productos colombianos, con entrada en vigor a las 12:01 a. m. del 24 de julio. La medida fue divulgada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y se fundamenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, según explicó el representante comercial Jamieson Greer.
El nuevo gravamen sustituye el 10% temporal aplicado desde febrero y responde a una investigación sobre 54 economías, incluida Colombia, relacionadas con la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La propia USTR aclaró que la decisión no implica que Colombia sea acusada de producir bienes con trabajo forzoso, sino que carece de controles suficientemente estrictos, lo que —según la administración Trump— genera condiciones de competencia desleal para empresas estadounidenses.
El arancel no es temporal: la legislación estadounidense dispone que estos gravámenes solo pueden eliminarse tras una revisión obligatoria cada cuatro años, y pueden prorrogarse si sectores beneficiados en EE. UU. así lo solicitan.
Según Analdex, el golpe más duro lo recibirán los productos que, gracias al TLC vigente desde mayo de 2012, ingresaban al mercado estadounidense con arancel cero. Esos bienes pasarán a tributar el 12,5% de golpe, un incremento de 2,5 puntos porcentuales respecto a la tarifa anterior. Colombia no está sola: países como China, la Unión Europea, Canadá, México, Brasil, Japón e India también enfrentan tarifas bajo este esquema, en rangos de entre el 10% y el 12,5%. Canadá recibió además sanciones específicas del 50% y Brasil del 25%.
Antes de que De la Espriella asuma el poder ejecutivo, la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico —que pasará a ser partido de oposición—, ya salió a cobrarle la factura. «Para esto sirve ser 'amigo' de Trump: para nada. A pesar de que Abelardo gana con la bendición de EE. UU., a Colombia le clavan aranceles sin piedad», escribió Pizarro en X. El argumento de la congresista: la cercanía de De la Espriella con Washington no produjo contrapartidas favorables para Colombia.
El problema con ese argumento es su propio timing. La investigación de la USTR abarca 54 economías y se origina en controles laborales que Washington considera insuficientes, un expediente construido mucho antes de que De la Espriella ganara la presidencia. Usar una medida estructural de política comercial estadounidense como munición contra un gobernante que todavía no ha tomado posesión no es análisis: es oportunismo.
Que no te lo cuenten. El Pacto Histórico, convertido en oposición, estrena ese rol atacando a un presidente electo por decisiones que no tomó, con una justificación técnica que no lo menciona. El relato se cayó solo antes de empezar.
