El gobierno de Estados Unidos no quiere depender más de terceros. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una convocatoria para que una empresa privada opere y dé mantenimiento a su propia flota de deportación.
La flotilla base incluiría siete aviones Boeing 737-700 y dos aeronaves ejecutivas equivalentes al Gulfstream G650ER o C-37B. Así lo detalla el estudio de mercado publicado por el DHS.
El precio ya tiene cifras concretas. Según reportes recientes, la administración Trump gastó cerca de 140 millones de dólares para adquirir seis Boeing a través de Daedalus Aviation Corp. Esas naves pertenecieron a la aerolínea de bajo costo Avelo Airlines. Hoy figuran como propiedad del DHS. Lo mismo aplica a dos Gulfstream G650 registrados a nombre del departamento.
El contratista ganador deberá garantizar vuelos las 24 horas, con poca antelación, a destinos nacionales e internacionales. No solo pondrá los aviones. También suministrará pilotos, copilotos, tripulación de cabina y, cuando sea necesario, enfermeros de vuelo y personal de seguridad.
El objetivo principal son las deportaciones y repatriaciones voluntarias. La flota también servirá para evacuaciones médicas, transporte de altos funcionarios y respuestas a emergencias.
La iniciativa no es nueva. Nació durante la gestión de la exsecretaria Kristi Noem. Provocó críticas de legisladores demócratas por incluir un Boeing Business Jet con 17 asientos, dos dormitorios, cocina completa y un diseño de pintura similar al del nuevo Air Force One. El actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, decidió mantener viva la iniciativa.
La meta declarada es deportar un millón de personas al año. Los números aún están lejos. Entre enero de 2025 y abril de este año, el ICE reportó poco más de 550 mil deportaciones. El contrato podría entrar en vigor el 28 de julio de 2027 y extenderse hasta el 27 de julio de 2032.
Que no te lo cuenten. Lo que la prensa progresista llama «aerolínea de lujo» es, en los hechos, infraestructura soberana para hacer cumplir la ley migratoria. La pregunta incómoda no es si el Estado debe deportar a quienes ingresaron ilegalmente. La pregunta es por qué tardó tanto en tener los medios para hacerlo. Subcontratar vuelos a terceros durante décadas fue más caro, más lento y más discrecional. Una flota propia, operada por privados bajo contrato, es exactamente el modelo que combina eficiencia de mercado con control estatal de la función soberana. El relato del «exceso» se cae solo cuando se leen los números: 550 mil deportaciones en cuatro meses, y todavía falta capacidad. Eso no es autoritarismo. Es ejecución.
