No hablamos de tanques cruzando el Río Bravo. Hablamos de algo más sofisticado y, por eso, más peligroso.
Estados Unidos ha construido una doctrina de fuerza selectiva. Operaciones limitadas, temporales, dirigidas contra objetivos específicos. Su propio Departamento de Justicia lo dejó por escrito al analizar la operación en Libia: el comandante en jefe puede emplear fuerza militar en misión limitada sin autorización del Congreso.
Ese marco se aplicó a México. La orden ejecutiva 14157 designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 prevé despliegues para derrotarlos y contempla fuerza letal. La Estrategia de Contraterrorismo de 2026 anuncia campañas militares y penales. Y agrega algo más: Washington actuará con los gobiernos que puedan y quieran colaborar. Si no, actuará solo.
Luego habló Hegseth. El secretario de Guerra afirmó que Estados Unidos busca producir en tierra el mismo efecto que sus ataques contra embarcaciones del narcotráfico. Dijo que toda organización que amenace a estadounidenses será tratada como el Estado Islámico o Al Qaeda. Mencionó las capacidades desarrolladas en veinticinco años para identificar, localizar, fijar y neutralizar redes. Y las vinculó al fentanilo, a la cocaína y a lo que llamó «plazas mexicanas».
No anunció una orden de ataque. Describió una capacidad, una intención y una estructura operativa. La cadena es visible: designación terrorista, identificación de objetivos, inteligencia, facultades presidenciales, empleo de fuerza. Todo dentro del derecho estadounidense. Todo apuntando a territorio mexicano.
El argumento jurídico ya está redactado de antemano. Washington no atacó al Estado mexicano. Atacó a una organización terrorista situada en México. No buscó ocupar territorio. Neutralizó una amenaza. El lugar de ejecución sería suelo nacional. Las funciones ejercidas —investigar, localizar, perseguir, detener, destruir— pertenecen constitucionalmente al Estado mexicano. Pero eso, en la lógica de Washington, sería un detalle.
Un analista citado por El Financiero propone cuatro respuestas concretas: nota diplomática que descarte consentimiento implícito, protocolo bilateral vinculante que prohíba operaciones unilaterales, presentación preventiva ante la ONU y una ley reglamentaria del artículo 40 constitucional que exija autorización previa y control judicial.
Son propuestas razonables. El problema es quién las ejecuta.
Aquí está la trampa real. México lleva años cediendo territorio al crimen organizado. El aparato estatal negoció, toleró y en muchos casos cohabitó con los cárteles. Esa omisión es la que abrió la puerta. Washington no construyó este argumento en el vacío: lo construyó sobre el vacío que dejó el Estado mexicano.
Decir que «la soberanía no se negocia» es un eslogan. Convertirlo en instituciones exige exactamente lo que el oficialismo ha evitado: combatir al crimen sin pactos, recuperar el monopolio de la fuerza y dejar de usar la soberanía como escudo para la inacción. Mientras el relato sustituya a la política criminal real, el marco jurídico de Washington seguirá siendo una amenaza con fecha de vencimiento abierta.
