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Whatley queda bajo la lupa por inversiones ligadas al boom de centros de datos

El republicano y su familia tienen entre $246,000 y $690,000 en inversiones energéticas vinculadas al crecimiento de centros de datos en Carolina del Norte. La campaña dice que apoya que las comunidades decidan y que los proyectos paguen su propio costo.
jueves 24 de septiembre de 2026

Michael Whatley, ex presidente del Comité Nacional Republicano y hoy candidato republicano al Senado por Carolina del Norte, y su familia tienen entre $246,000 y $690,000 en inversiones energéticas relacionadas con empresas que impulsan el boom de centros de datos en el estado, según su declaración financiera federal.

Esas participaciones incluyen entre $149,000 y $410,000 en Duke Energy, entre $1,000 y $15,000 en Arista Networks, entre $80,000 y $200,000 en Dominion Energy y entre $16,000 y $65,000 en GE Vernova. Fox News señala que, aunque Duke y Vernova no construyen centros de datos directamente, sí ofrecen servicios o productos usados por ellos. Duke es un gran proveedor de servicios públicos en Carolina del Norte. Vernova produce turbinas de gas en sitio usadas por instalaciones operadas por empresas como Amazon y Microsoft.

Whatley también reportó $361,000 de CAPCVentures LLC, una firma de Washington, D.C., por servicios de consultoría en 2025. Esa firma lista a GE Vernova como cliente, junto con Centrus Energy y la Renewable Fuels Association. La cobertura previa había situado su pago en esa misma firma en alrededor de $755,000 entre 2022 y 2025.

Consultada por un posible conflicto de interés, la campaña dijo que Whatley apoya restricciones a la compraventa de acciones por miembros del Congreso. DJ Griffin, vocero de la campaña, afirmó que Whatley respalda la Stop Insider Trading Act y reformas para que los funcionarios electos coloquen sus activos en fideicomisos ciegos calificados.

La campaña también sostuvo que Whatley apoyaría dejar en manos de las comunidades locales la decisión sobre qué proyectos de centros de datos aceptar y cuáles rechazar. Su postura, según la campaña, es que los centros de datos paguen su propio costo, que las familias no paguen nada y que las comunidades decidan.

Ahí está el punto que importa. Cuando el aparato estatal crece al ritmo de intereses privados y de una demanda eléctrica cada vez más agresiva, la pregunta no es solo técnica. Es política. Es quién paga la cuenta, quién asume el riesgo y quién se queda con el beneficio.

Otra vez la doble vara. A la gente común le piden paciencia, tarifas y silencio. A las grandes estructuras se les abre la puerta con discursos sobre crecimiento. Que no te lo cuenten.

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