La Unión Política de Yale invitó a Aaron Withe a defender la moción «Ban Public-Sector Unions», y tras una hora de debate la propuesta pasó 35-25. El resultado sorprendió a varios presentes, incluidos algunos estudiantes en la sala.
Withe sostuvo que el caso contra los sindicatos gubernamentales es simple: sus ingresos provienen de las cuotas, y esas cuotas dependen del número de empleados. Cuanto más grande es la nómina pública, más dinero y más poder político acumula el sindicato. Según su planteamiento, eso crea un incentivo estructural para agrandar el gobierno con el contribuyente pagando la cuenta.
También señaló una diferencia con los sindicatos privados: en el sector público, los sindicatos ayudan a elegir a los funcionarios que luego negocian con ellos. Citó a Franklin D. Roosevelt, quien en 1937 escribió que la negociación colectiva «cannot be transplanted into the public service».
Del otro lado, quienes se opusieron argumentaron que alguien que enseña por deber cívico merece tener palanca para conseguir un pago justo; que negociar de forma individual con un empleador estatal no funciona; y que el gasto político sindical no es peor que el cabildeo corporativo o que los congresistas comprando y vendiendo acciones.
Withe respondió que ocho estados ya prohíben la negociación colectiva para al menos algunos empleados públicos y que sus gobiernos funcionan sin problema. También dijo que una empresa gasta su propio dinero en política, mientras que un sindicato gubernamental gasta dinero tomado de empleados públicos, muchos de los cuales ni siquiera saben que tienen derecho bajo la Primera Enmienda a salirse.
Nadie defendió que los sindicatos gubernamentales mejoren los servicios públicos o que los sindicatos de maestros hagan mejores a los estudiantes. Withe recordó además que el Progressive Policy Institute encontró el mes pasado que los estados con sindicatos de maestros más poderosos eran los menos propensos a adoptar reformas tempranas de alfabetización probadas; ocho de los 10 estados peor evaluados tenían sindicatos fuertes.
La parte más alentadora, dijo, fue ver el debate mismo: estudiantes que discrepaban se levantaron, hablaron y luego escucharon la respuesta. Uno de ellos admitió que la evidencia era difícil de refutar.
Eso es lo que una universidad debería ser, y demasiado pocas lo son. En demasiados campus de élite, la crítica a los sindicatos gubernamentales nunca se formula. El resultado es un adoctrinamiento cómodo: se enseña a asumir que sindicalismo público y bien común son la misma cosa, sin ponerlos a prueba.
Que Yale haya dado espacio a la discusión y que una mayoría haya votado con los contribuyentes es una buena señal. Otra vez la doble vara: cuando el dinero es del Estado, el sindicalismo no es solo negociación; también es poder político financiado con dinero ajeno. El relato se cayó solo.
Para el contribuyente, la lección es clara. Cada vez que el aparato estatal crece, también crece la influencia de quienes viven de administrarlo. Y mientras esa relación siga intacta, la presión para expandir burocracia seguirá compitiendo con el interés del ciudadano que la paga.
