Un tribunal federal de apelaciones acaba de abrir una grieta legal enorme. El Séptimo Circuito falló que el gobierno no puede procesar a alguien por poseer pornografía infantil generada por inteligencia artificial. La condición: que ninguna imagen muestre a un niño real.
El caso es el de Steven Anderegg, un hombre de Wisconsin acusado de usar un generador de imágenes por IA para crear miles de fotos sexuales explícitas de menores. La investigación arrancó cuando Meta reportó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que un usuario de Instagram había enviado ese material a la cuenta de un menor.
Anderegg enfrenta cargos por producir, distribuir y transferir ese contenido a un menor de 16 años. Esos cargos siguen en pie. Lo que cayó fue el cargo de posesión. Un tribunal de distrito lo desechó primero. El Séptimo Circuito lo confirmó ahora.
La base legal viene de 1969. En ese año, la Corte Suprema falló en Stanley v. Georgia que el gobierno no puede criminalizar la posesión privada de material obsceno dentro del hogar. En 2002, en Ashcroft v. Free Speech Coalition, la Corte fue más lejos: tumbó una ley que prohibía representaciones sexuales explícitas de niños ficticios, cuando ningún niño real participó en su producción.
Esas decisiones se escribieron antes de que la IA generativa pudiera producir imágenes fotorrealistas con unos cuantos comandos de texto.
Dos de los tres jueces del panel, John Lee y Joshua Kolar, reconocieron el problema en una opinión separada. «Vivimos en una era en que los modelos de IA generativa pueden renderizar imágenes de abuso de niños virtuales casi indistinguibles de las de niños reales», escribió Lee. Añadió que el tribunal no es libre de redibujar esos límites por su cuenta.
Lee también citó al juez Clarence Thomas, quien advirtió en 2002 que el avance tecnológico podría llegar a dificultar la persecución de casos con víctimas reales. Según Lee, «algunos expertos dicen que ese día ya llegó», citando el volumen creciente de material reportado a las líneas de denuncia.
El tribunal reconoció además que investigadores han encontrado material CSAM real dentro de los conjuntos de datos usados para entrenar estos modelos de IA. Eso significa que lo «virtual» podría no estar tan desconectado del abuso real. El gobierno no desarrolló ese argumento a fondo en la apelación, así que el tribunal no pudo resolverlo.
El resultado: la pelota queda en la cancha de la Corte Suprema.
Aquí no hay ambigüedad ideológica que valga. La Primera Enmienda existe para proteger el discurso político incómodo, no para blindar material que hasta los propios jueces admiten que ya es indistinguible del abuso real. Que tres jueces reconozcan el problema y digan que sus manos están atadas por un precedente de 2002 no es una defensa de la libertad: es la confesión de que la ley se quedó atrás y nadie en Washington se apuró a corregirla. El Congreso tiene la pluma. La pregunta es si algún burócrata en el Capitolio va a usarla antes de que la tecnología vuelva a adelantarse.
