El jurado del caso Lindsay Clancy volvió a casa sin veredicto. Es el quinto día de deliberaciones. Por segunda vez en dos días, los doce miembros del panel dijeron al juez que no lograban ponerse de acuerdo.
El juez William Sullivan, de la Corte Superior de Plymouth, respondió con una instrucción poco común: la llamada carga Tuey-Rodriguez. Se conoce también como «instrucción dinamita». Pide a los jurados reconsiderar sus posturas antes de que se declare un juicio nulo.
«El veredicto al que un jurado accede debe ser suyo», leyó Sullivan según Daily Wire. «Debe ser resultado de sus propias convicciones. No una mera aquiescencia a las conclusiones de sus compañeros.»
Esa frase importa. El sistema no obliga a nadie a ceder su conciencia por presión de grupo. Ni siquiera en un caso tan brutal como este.
Clancy está acusada de asesinar a sus tres hijos: Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Los estranguló con bandas de ejercicio en la casa familiar de Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023. Ella admitió los hechos.
La defensa alega psicosis posparto. Sostiene que Clancy no era penalmente responsable. La fiscalía rechaza esa versión. Según los fiscales, Clancy planificó todo con método. Envió a su entonces esposo, Patrick, a hacer dos mandados. Calculó cuánto tardaría en volver con la comida para llevar.
Si el jurado la declara culpable del cargo más grave, asesinato en primer grado, enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional. El panel, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, retoma las deliberaciones el jueves.
El juez retirado Thomas Drechsler explicó a Fox News Digital que la instrucción «suele funcionar». Pero advirtió algo más: si el jurado sigue trabado después de recibirla, «hay una alta probabilidad de que termine en mistrial».
Mientras tanto, Clancy permanece bajo custodia en el Tewksbury State Hospital, un centro psiquiátrico. La trasladan desde ahí hasta el tribunal cada día de audiencia.
Hay algo que este caso deja claro, más allá del horror de los hechos. El derecho no es una máquina de consensos forzados. Cada jurado responde ante su propia conciencia, no ante la presión de la mayoría ni ante la urgencia mediática de cerrar el caso.
En un país donde tantas instituciones ceden ante el ruido de la calle, un tribunal de Massachusetts recuerda algo básico: la convicción individual todavía pesa más que la comodidad colectiva. Eso también es estado de derecho.
