El senador Pedro Araya no piensa renunciar al PPD. Lo dijo claro este domingo en Mesa Central de Canal 13. «Yo no tengo ganas de irme, pero si me echan no voy a estar donde no me quieren», afirmó.
El origen del conflicto es un voto político. El Consejo Regional Metropolitano del PPD lo aprobó el sábado. La propuesta fue del alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos. El texto llama a Araya a reflexionar sobre su continuidad si su actuación «ya no se encuentra en sintonía» con el partido.
Araya no aceptó el diagnóstico. «Mi actuación es absolutamente correcta», sostuvo. Y fue más lejos: acusó al Consejo Metropolitano de no leer la entrevista que originó el escándalo. «Te garantizo que probablemente el 99% de los que suscribieron ese voto político no leyó la entrevista», disparó.
Todo partió por una frase suya en La Segunda. Ahí dijo estar dispuesto a «cruzar la vereda». El senador insiste en que el contexto se perdió. Aclaró que hablaba solo de seguridad pública, no de cambiar de bando político.
«Me causa cuidado que sobre todo el Consejo Metropolitano del PPD se quede con el titular, no lea la entrevista», dijo. Y remató: «Al final del día lo único que hacen no ayudan a solucionar problemas, generan una polémica artificial».
El trasfondo real es la reforma constitucional de seguridad que impulsa el Gobierno. Araya reiteró que no está disponible para aprobarla en general en los términos actuales. Pero abrió una puerta: propuso al ministro Alvarado que los cinco integrantes de la Comisión de Constitución se sienten con el Ejecutivo para revisar «qué sirve y qué no sirve» del proyecto.
Dijo que ya habló con la senadora Paulina Vodanovic, quien estaría disponible. Espera además conocer la postura de Claudia Pascual. Y anticipó que la oposición volverá a dividirse en seguridad: «Es muy probable, nosotros vamos a tener votaciones divididas».
Que no te lo cuenten como una disputa ideológica. Es una interna de partido peleando por un titular mientras la reforma de seguridad, la que de verdad importa al ciudadano, sigue trabada en comisión. El PPD gasta energía en juzgar declaraciones sueltas. El país sigue esperando una ley que funcione.
La hipocresía es evidente: se exige disciplina partidaria sobre una frase descontextualizada, pero nadie exige resultados concretos en seguridad pública. Otra vez la doble vara de la burocracia política: más fácil castigar un titular que resolver el problema que ese titular menciona.
