Gran Bretaña abolió en 1983, sin debate constitucional ni sobresalto público, la ciudadanía automática por nacimiento que Sir Edward Coke había fijado en 1608 y que Estados Unidos blindó en la Enmienda 14 de 1868. El Parlamento británico, que puede hacer «cualquier cosa dentro de los límites de la física», deshizo en una tarde lo que a América le costó una guerra civil consolidar. La Corte Suprema de EE.UU. confirmó en junio que nacer en suelo estadounidense basta para ser estadounidense. En el Reino Unido, en cambio, la pertenencia se decide por trámite.
El centro de ese trámite se llama Indefinite Leave to Remain (ILR), creado en 1971: tras cinco años de residencia con visa válida, un migrante obtiene derecho a quedarse para siempre, a cobrar asistencia social y a entrar en la cola de vivienda pública. Solo el último año, Londres otorgó residencia permanente a 525.000 personas —una población del tamaño de Atlanta— y doce meses después de recibir el ILR, ese mismo migrante puede pedir la ciudadanía y el pasaporte. El examen no exige haber trabajado ni haber aportado nada: inglés de nivel intermedio y un cuestionario de 45 minutos, «Life in the UK», tipo trivia de bar. Ciudadanía por archivo, no por pertenencia.
Tras el Brexit, el gobierno conservador de Boris Johnson prometió control fronterizo. Lo que llegó fue lo que los británicos ya llaman el «Boriswave»: migración neta por encima de 900.000 personas en un solo año, hasta que uno de cada cinco residentes en el Reino Unido nació en el extranjero, una proporción mayor a la que Estados Unidos tuvo jamás, Ellis Island incluida, en un país que hasta 1993 tenía emigración neta.
Esa cohorte llega ahora a su marca de cinco años, justo cuando la cola por la permanencia está a punto de ser la más larga de la historia británica. El gobierno laborista responde con el «earned settlement»: duplicar el período de espera a diez años. Reform UK, el partido de Nigel Farage, propone algo más directo: abolir el ILR, poner a los trabajadores británicos primero en la fila de vivienda social y limitar el subsidio a no ciudadanos. El gobierno calificó ese plan de «poco serio e inviable» y al día siguiente presentó el suyo: 70.000 viviendas asequibles en diez años, contra una lista de espera de 1,3 millones de hogares. Al ritmo laborista, la última familia recibirá sus llaves alrededor del año 2212.
Suecia, mientras tanto, dejó de fingir: desde enero paga a refugiados no integrados un subsidio de repatriación de 350.000 coronas —unos 35.000 dólares— por adulto, y en mayo su parlamento votó por primera vez para permitir despojar de la ciudadanía a binacionales que cometan delitos graves contra el país. Dinamarca lo hace desde hace años.
El relato de la «nación credal», donde bastan un pasaporte y un cuestionario de trivia para ser británico, se cayó solo. Pertenecer no es papeleo: es contribuir, integrarse, compartir algo más que un sello administrativo. La burocracia laborista prefiere repartir residencias como confeti antes que admitir que un Estado sin fronteras reales tampoco puede sostener un Estado de bienestar real.
