Cada mes, cámaras con inteligencia artificial fotografían 20.000 millones de vehículos en Estados Unidos. Casi todos esos conductores no hicieron nada malo. Así lo describe el senador Josh Hawley, quien preside el Subcomité de Crimen y Terrorismo del Comité Judicial del Senado. Ahí abrió una investigación sobre Flock Safety, la empresa detrás de más de 120.000 cámaras instaladas en todo el país.
Hawley recurre a la historia para marcar el problema. En 1761, el abogado James Otis desafió en Boston los «writs of assistance»: órdenes que daban a los aduaneros poder ilimitado para registrar cualquier lugar. John Adams dijo después que la independencia nació «entonces y allí». Otis no se oponía a la vigilancia legítima. Se oponía a la autoridad sin límites.
Hoy no hay ninguna ley federal que regule estos datos. Las únicas protecciones, según Hawley, son las políticas internas de una sola empresa. Eso ya generó abusos documentados.
En Missouri, el condado de St. Charles canceló su contrato con Flock este mes. Una auditoría encontró a un empleado civil haciendo búsquedas por motivos personales. En Milwaukee, la fiscalía acusó a un oficial de buscar la matrícula de su novia 124 veces y la de su exnovio 55 veces. Cada vez escribía «investigación» en el campo de justificación. La auditoría del sistema no lo detectó. Lo detectó un ciudadano común, revisando la placa en un sitio público.
Los errores también cuestan libertad. Una mujer en Florida pasó 13 días en la cárcel, acusada de ocho delitos graves, tres por homicidio vehicular. La policía había identificado mal un vehículo con el sistema de Flock. Los fiscales retiraron los cargos: era la persona equivocada. En Los Ángeles, una auditoría encontró 161 detenciones erróneas por autos supuestamente robados. Otro departamento en California halló que el 71% de sus alertas eran falsas.
Mientras tanto, Flock tiene una valuación de 8.300 millones de dólares. Según reportes citados por Hawley, la empresa usa trabajadores contratados en Filipinas para clasificar los datos captados por las cámaras. La Corte Suprema ya estableció que existe una expectativa razonable de privacidad frente a un registro «comprehensivo» de los movimientos de una persona.
Hawley aclara que no busca desarmar a la policía. Las cámaras ayudan a recuperar autos robados y encontrar niños perdidos. El punto es otro: nadie eligió que una empresa privada, sin supervisión del Congreso, decidiera solo con su palabra qué pasa con los datos de cientos de millones de estadounidenses.
Esa es la doble vara de siempre: se le exige transparencia al ciudadano común mientras el aparato de vigilancia crece sin ley que lo limite. Que las reglas las escriba el Congreso, no los ejecutivos de una startup valuada en miles de millones. La libertad no se negocia con una política de privacidad redactada por abogados corporativos.
