Zoilo Manuel Viloria, colombiano de 64 años, fue esposado por agentes del ICE en el estacionamiento de un McDonald's en Tacoma, Washington, mientras compraba café antes de su turno de trabajo. No tenía antecedentes penales. Eso lo confirma el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Viloria llegó a Estados Unidos en 2018 con visa de turismo para visitar a su hija Stephany, médica residente en el sur de Florida. En Colombia administraba un negocio de taxis hasta que, según relató su familia, extorsionadores le enviaron panfletos con amenazas de muerte contra él y los suyos. En 2019 presentó formalmente su solicitud de asilo.
Mientras el trámite avanzaba, cumplió con lo que la ley le exigía: tramitó permiso de trabajo, sacó licencia de conducir y pagó impuestos cada año, según su hija. Pasó de dueño de empresa a trabajador de mantenimiento. Ese fin de semana, agentes del ICE escaneaban placas en el parqueadero para verificar el estatus migratorio de los propietarios. Al reconocerlo, le pidieron documentos; él los mostró todos. Lo esposaron igual.
Fue recluido temporalmente en Tacoma y luego trasladado, en un operativo de custodia federal, a un centro de detención en El Paso, Texas. Su familia describe el traslado como traumático para un hombre de su edad sin historial criminal, y su hija ya inició acciones legales para pedir una audiencia de fianza.
El DHS no niega que Viloria entró legalmente ni que carece de antecedentes. Su argumento es otro: permaneció en el país más tiempo del autorizado una vez vencida su visa de turista, y una solicitud de asilo pendiente —insisten las autoridades— no concede estatus legal formal ni definitivo. Por eso, dicen, debe seguir bajo custodia mientras avanza su proceso de expulsión.
Aquí no hay ambigüedad jurídica que valga para el relato de siempre. La ley migratoria estadounidense es clara: un trámite en curso no es un permiso de residencia, y la administración Trump lo está aplicando tal como lo prometió en campaña, sin las excepciones selectivas que la burocracia migratoria toleró durante años. Pagar impuestos y tener licencia de conducir habla bien de Viloria como persona, pero no reescribe el estatuto migratorio.
Eso no vuelve el caso menos duro para una familia que huía de extorsionadores en Colombia. Pero la dureza del caso no debería usarse, como suele hacerse en cobertura progresista, para insinuar que aplicar la ley es un abuso. El sistema de asilo existe para casos como este, y la vía para resolverlo es la audiencia que su hija ya solicitó, no la indignación selectiva de quienes exigen mano dura hasta que el afectado tiene una historia conmovedora.
