Otro golpe judicial para la Casa Blanca. El juez federal Kirk E. Sherriff declaró «ilegal» la medida del Departamento de Trabajo (DOL) que en octubre pasado recortó los salarios de los trabajadores agrícolas temporales bajo el programa de visas H-2A.
En algunos estados, el recorte llegó a los 7 dólares por hora. El tribunal, con sede en California, ordenó al DOL publicar de inmediato una nueva tabla salarial. También instruyó a la agencia a notificar a los empleadores que deberán pagar salarios retroactivos a los trabajadores afectados.
La demanda fue presentada por 18 trabajadores agrícolas y el sindicato UFW. Alegaban que el recorte violaba la ley federal al perjudicar tanto a los jornaleros extranjeros como a los trabajadores estadounidenses del sector.
La Casa Blanca justificó la medida como respuesta al impacto laboral de las redadas migratorias. Según cifras de la propia administración, el recorte transferiría 2.460 millones de dólares anuales en salarios de los trabajadores hacia los empleadores agrícolas.
Crisanto Serrano, jornalero en Sunnyside, Washington, y demandante en el caso, dijo que los productores prefieren contratar extranjeros porque pueden «mantenerlos confinados en sus propiedades». Afirmó que esto ocurre pese a que hay trabajadores locales buscando empleo. «A los productores y a este presidente no les importamos», declaró.
Teresa Romero, presidenta de UFW, calificó el fallo como «un paso alentador». Advirtió, sin embargo, que «continuarán los ataques contra los salarios de los trabajadores agrícolas».
El episodio expone algo más de fondo que una simple derrota en tribunales. El gobierno intentó fijar por decreto administrativo cuánto vale una hora de trabajo en el campo. No lo hizo el mercado, lo hizo la burocracia del DOL, y ahora otra rama del Estado lo revierte por la misma vía: un juez.
La pelea de fondo no es entre Trump y los sindicatos. Es entre dos formas de intervencionismo: la que baja salarios por decreto para aliviar a los empleadores tras las redadas, y la que los sube por sentencia judicial invocando procedimiento legal. En ningún punto del proceso decide el mercado quién contrata a quién ni a qué precio. Esa es la verdadera anomalía que ninguna de las partes en pugna quiere discutir.
