Letitia James es la fiscal general de Nueva York. Según el New York Post, su prioridad real no es la ley. Es la política.
Los números lo respaldan. Solo este mes, su oficina envió una docena de comunicados contra Donald Trump. Tres por semana. Los temas: licencias de conducir comerciales, derecho a portar armas, voto por correo, fondos del Título X y aplicación de inmigración.
James también llevó a Trump a juicio civil por presunto fraude bancario. Un juez le impuso una multa de casi medio billón de dólares. Un tribunal superior la anuló después. El caso quedó como una persecución simbólica, según el Post.
Su oficina también se sumó a otros fiscales demócratas contra la fusión Paramount-Warner Bros. Otro pleito de alto perfil. Otro titular asegurado.
Mientras James litiga contra Washington, el fraude en Medicaid crece sin control en su propio estado. En julio, el Empire Center clasificó a Nueva York como el segundo peor del país en perseguir ese delito. Peor aún: el estado ocupa el último lugar entre los 50 estados y Washington D.C. en indictments y condenas por fraude Medicaid, medido por cada mil millones de dólares gastados.
Nueva York destina 124.000 millones de dólares al programa. Es dinero de los contribuyentes. El inspector general de Salud y Servicios Humanos, Thomas March Bell, calificó a la unidad de James contra el fraude Medicaid como «inefectiva» para perseguir casos criminales. Los federales, que financian buena parte del programa, amenazan con congelar los fondos de esa unidad.
La seguridad pública tampoco fue prioridad. En 2022, la Asociación de Detectives —que rara vez opina sobre candidatos a fiscal general— pidió no reelegirla. La razón: no priorizó la seguridad pública. En cambio, demandó a la policía de Nueva York por su manejo de los disturbios tras la muerte de George Floyd.
Hubo también el episodio del concejal Chi Ossé. Su oficina negó primero que un supuesto «robo de escritura» causara un desalojo. Dos días después, cambió de versión. Según el Post, el giro llegó justo después de medir el ambiente político.
James busca un tercer mandato este noviembre.
El patrón es claro. Cada comunicado contra Trump es un titular garantizado. Cada expediente de fraude Medicaid sin resolver es una factura que paga el contribuyente neoyorquino, no el activismo progresista. La fiscal general convirtió su cargo en plataforma electoral permanente. El costo lo pagan los que menos pueden pelear en los tribunales: los pacientes que dependen de un sistema saqueado y los ciudadanos que financian, sin saberlo, la próxima demanda contra Washington.
