Gerardo Fernández Noroña volvió a grabar en secreto. Esta vez no fue un pasillo del Senado. Fue una obra en Tepoztlán, Morelos.
El senador de Morena denunció que se reactivó la construcción de un hotel dentro de un área natural protegida. Según su relato, los sellos de clausura ya no están. Los trabajadores siguen ahí, incluso en fin de semana.
Noroña acusó al presidente municipal, Perseo Quiroz Rendón, de permitir el avance sin consulta a la comunidad. Habló de bienes comunales y pueblos originarios. Dijo que la ley prohíbe nuevos desarrollos en esa zona.
«Siguen sin poner la autorización de nada», afirmó en el video. También reclamó que llegan camiones con paredes prefabricadas para acelerar la obra. Nadie exhibe permisos, según su testimonio.
El senador recordó que el cabildo clausuró la construcción dos veces. Primero de forma temporal, luego definitiva. La licencia para el hotel, dijo, había sido negada.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, junto a Quiroz, prometió públicamente suspender la obra hasta una consulta popular. Noroña no le creyó. Insistió en que la consulta debió ser previa, no una promesa de último momento.
«No aspiro a que me digan cuánto dinero recibieron. Solo con que digan qué autorizaron», reclamó el senador. Pide algo simple: que el Estado explique sus propios permisos.
Es una demanda razonable. El problema es el mensajero.
Hace semanas se difundió que una casa valuada en 12 millones de pesos no aparecía en la declaración patrimonial de Noroña. El senador tuvo que salir a aclararlo en medios y redes.
Ahora exige transparencia absoluta a un edil de otro partido, mientras su propio patrimonio sigue bajo escrutinio. Que no te lo cuenten: la exigencia de reglas claras vale para todos o no vale para nadie.
El fondo del asunto no cambia por quién lo denuncia. Si hay una obra ilegal en zona protegida, sin permisos exhibidos y sin consulta a la comunidad, eso es un problema de Estado de derecho. No depende de la simpatía partidista del que lo señale.
Pero la escena tiene su ironía. Un senador de Morena grabándose a escondidas para exigir transparencia a un gobierno municipal, mientras su propia declaración patrimonial sigue sin explicación clara. El relato se cae solo cuando el fiscalizador necesita, primero, fiscalizarse a sí mismo.
