Un grupo de aproximadamente 20 saqueadores irrumpió y destrozó una tienda Superior Grocers en el sur de Los Ángeles, tras otro «street takeover» ilegal —esas tomas violentas de intersecciones que se han vuelto rutina en varias ciudades de California. Los empleados tuvieron que encerrarse en una habitación del segundo piso para protegerse. Por suerte, nadie resultó herido.
La pregunta que cabe hacerse es simple: ¿qué sentido tiene saquear un supermercado? Casi nada de lo que hay ahí adentro tiene valor de reventa. No es un botín, es destrucción pura.
Este tipo de episodios explica, en parte, el fenómeno de los llamados «desiertos alimentarios» en barrios urbanos: una minoría violenta decide, a la fuerza, que hacer negocios en esas zonas es imposible. El resultado no lo pagan las corporaciones ni los políticos: lo pagan los niños y las familias del vecindario, que verán cada vez más difícil encontrar comida saludable cerca de casa.
Hay un dato que no debería pasarse por alto. Los votantes de California ya se pronunciaron sobre esto. Aprobaron la Proposición 36, una medida anti-crimen impulsada precisamente por la ola estatal de robos minoristas y saqueos masivos. Y sin embargo, Sacramento nunca la financió. En su lugar, el estado se ha limitado a apoyarse en estadísticas de menor criminalidad que, en realidad, reflejan una tendencia nacional y un endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias, no una decisión política deliberada de combatir el saqueo.
Es la vieja fórmula: se aprueba la ley que exige la ciudadanía, pero se le vacía el bolsillo en silencio. Mientras tanto, quienes dicen hablar en nombre de los pobres y la clase trabajadora fallan precisamente en proteger los negocios que dan empleo y servicios a esas mismas comunidades.
Este es el resultado de un liderazgo municipal que se niega a hacer cumplir la ley, y de una clase política que ha respaldado durante años un discurso que deslegitima a la policía. No es casualidad ni fatalidad climática ni «pobreza estructural»: es la consecuencia directa de una decisión de no actuar.
Que no te lo cuenten como un problema abstracto de «desigualdad». Es un problema de aplicación de la ley, y de una burocracia estatal que prefiere el relato cómodo de las estadísticas nacionales a cumplir el mandato explícito de sus propios votantes. Los comerciantes que intentan servir a sus comunidades quedan solos, y las familias que dependían de ese supermercado se quedan, otra vez, sin dónde comprar.
