El dinero de la pandemia se agota. Y el activismo del ingreso garantizado no quiere soltarlo.
Un reporte del Economic Security Project (ESP), publicado el 12 de agosto y titulado «Right on Time», pide institucionalizar la entrega de efectivo «sin condiciones». Lo firman Shafeka Hashash, Maya Tellman y Rayan Semery-Palumbo.
El motivo es simple. Los fondos del American Rescue Plan Act (ARPA) tenían fecha de vencimiento. Los gobiernos locales debían comprometerlos antes del 31 de diciembre de 2024. La mayoría debe gastarlos por completo antes del 31 de diciembre de 2026.
En Evanston, un suburbio de Chicago, los funcionarios ya anunciaron una expansión del programa de ingreso garantizado. Usan lo que queda del ARPA antes de que se acabe el reloj.
Más de 100 municipios en Estados Unidos lanzaron pilotos de renta básica universal desde 2018. Muchos dependieron de filantropía privada y estímulo federal de emergencia. Esas arcas están llegando a cero.
El reporte del ESP cita datos de más de 250 programas de efectivo y renta garantizada en 40 estados y el Distrito de Columbia. Con eso, sus autores afirman que la transferencia directa de dinero es una «herramienta de política legítima».
En Albuquerque, según reportó Fox News Digital, un programa de ingreso garantizado se financia con el impuesto a la marihuana. Otro capítulo del mismo libreto: si el subsidio federal se acaba, se busca otra fuente de ingresos para mantenerlo vivo.
Michael D. Tubbs, presidente de Mayors for Guaranteed Income, habló con Fox News Digital sobre el crecimiento de esta tendencia desde 2018.
No todos aplauden. El senador estatal de Texas, Paul Bettencourt, calificó el programa de ingreso garantizado del condado de Harris como «socialismo de lotería». Dijo a Fox News Digital que el esquema debería ser inconstitucional y pidió al fiscal general Ken Paxton que se pronuncie.
El relato oficial dice que el efectivo sin condiciones «funcionó» durante la pandemia. Que no te lo cuenten así de simple. Fue un cheque de emergencia, financiado por deuda federal, con fecha de caducidad clara.
Ahora el activismo quiere borrar esa fecha. Quiere convertir un parche de crisis en un derecho permanente, pagado por el contribuyente local, sin ningún requisito de trabajo ni control de resultados.
El caso de Texas importa. Si un tribunal declara inconstitucional el reparto de efectivo sin respaldo legislativo claro, otros estados tendrán un precedente para frenar la expansión silenciosa del gasto público disfrazado de innovación social.
