Seattle empieza el año escolar con una crisis anunciada. El superintendente de las escuelas públicas, Ben Shuldiner, declaró que el distrito está «en la ruina». Lo dijo en una carta publicada el domingo.
La razón es simple. El distrito enfrenta un boquete presupuestario de unos 100 millones de dólares, según reportó KOMO News. Y mientras eso ocurre, el sindicato de maestros amenaza con paralizar las clases.
El 91% de los miembros de la Seattle Education Association votó a favor de autorizar una huelga. La exigen si no consiguen un nuevo contrato con mejor paga y beneficios. Los puntos duros, según KOMO, son el apoyo a educación especial, el salario y la carga laboral de los docentes.
Shuldiner no se guardó nada. «Que quede absolutamente claro: el SEA no tiene que hacer huelga. Punto, y ya», escribió. Y remató: «No somos los dueños de la NFL que bloquean a sus jugadores para sacarles concesiones».
El superintendente insistió en que el contrato vigente sigue en pie mientras negocian. Y ofreció algo concreto: pago retroactivo si firman sin huelga. «No hay ninguna razón para hacer huelga más que flexionar poder», dijo. «Nadie está 'forzando' al sindicato a nada».
También hay una oferta sobre la mesa. Shuldiner ya comprometió un aumento salarial del 9% a lo largo de tres años para los docentes del distrito. Pero fue claro: las cuentas públicas exigen más cuidado, no menos.
El relato se cayó solo
Aquí no hay villano recortando fondos por capricho. Hay un distrito quebrado que ya ofreció 9% de aumento y pago retroactivo, y un sindicato que igual amenaza con parar las clases. Eso no es defender a los alumnos. Es apalancar poder político con el dinero que ya no existe.
La burocracia sindical suele vender la huelga como causa noble. Pero cuando el propio superintendente —no un think tank de libre mercado, un funcionario del sistema— dice públicamente que no hay «ninguna razón» real para el paro, el relato pierde piso.
Esto no es un caso aislado de Seattle. Es el patrón de siempre: gasto público que no da más, y un gremio que exige más igual, como si el presupuesto fuera infinito. No lo es. Y tarde o temprano, alguien paga la cuenta: los contribuyentes, o los alumnos que se quedan sin clases.
