El gobierno de Donald Trump insiste en cobrar una tarifa de 103.265 dólares a las empresas que soliciten visas H-1B, muy por encima de los 2.000 a 5.000 dólares que costaba tradicionalmente el trámite. La propuesta corre por cuenta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que la presenta como una regulación formal tras el revés que sufrió en los tribunales.
En septiembre de 2025 la administración ya había impuesto una tasa de 100.000 dólares por proclamación presidencial, alegando «abuso sistémico» del programa. Un juez federal la bloqueó en junio de 2026, tras la demanda de 20 estados gobernados por demócratas, al concluir que operaba en la práctica como un impuesto ilegal que eludía la autoridad del Congreso. Ahora la Casa Blanca busca el mismo resultado por otra vía: apoyándose en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con 30 días de comentarios públicos antes de entrar en vigor.
La Casa Blanca defiende la medida como un «mecanismo de ingresos» legítimo, que financiaría a ICE, al Departamento de Estado y al de Trabajo, y que empujaría a las empresas a contratar y capacitar primero a trabajadores locales. Se calcula que produciría unos 8.800 millones de dólares al año.
El problema es a quién golpea. El propio análisis del DHS admite un impacto económico significativo en 11.051 pequeñas empresas, para las cuales el acceso a talento extranjero se volvería prácticamente prohibitivo. Según datos de la Cámara de Comercio de EE. UU., el 50,7 % de los empleadores que solicitaron la H-1B en 2025 eran pequeñas empresas, no las grandes tecnológicas que suelen aparecer en el debate.
Garry Tan, director ejecutivo de una incubadora de startups, lo resumió sin rodeos ante DW: «Les estamos diciendo a los innovadores que innoven en otros lugares. Necesitamos que las pequeñas empresas tecnológicas estadounidenses ganen, no peajes de 100.000 dólares». Jeremy Robbins, del Consejo Americano de Inmigración, advirtió que la medida perjudicará sectores clave como la inteligencia artificial y la computación cuántica.
El visado H-1B, creado por el Congreso en 1990 para ocupaciones especializadas, ha sido la puerta de entrada de figuras como Elon Musk y Sundar Pichai, y hoy sostiene también a universidades e investigadores, que acumulan más de un tercio de las solicitudes.
Que un juez ya haya calificado el cobro como un impuesto ilegal que esquiva al Congreso no es un detalle menor: es exactamente el tipo de atajo burocrático que debería preocupar a quien cree en los límites del poder ejecutivo. Proteger al trabajador estadounidense es un objetivo legítimo; convertir esa protección en un peaje de seis cifras que asfixia a la pequeña empresa y expulsa talento es otra cosa. El relato de que esto solo afecta a Silicon Valley se cae con los propios números del DHS.
