Carolina del Sur tenía una regla especial. Los mayores de 65 años podían votar por correo sin restricciones. El resto de los votantes debía cumplir requisitos: estar fuera del país o tener una discapacidad, entre otros.
La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito dijo que eso viola la Constitución. El fallo llegó la semana pasada. Un grupo de votantes jóvenes había demandado a la Comisión Electoral estatal en 2023. Su argumento: la ley violaba la Vigésima Sexta Enmienda.
Un tribunal inferior había desechado la demanda al principio. El caso siguió en apelación hasta llegar al Cuarto Circuito.
El juez presidente Roger Gregory escribió la orden. Sus palabras son directas: «al otorgar a los votantes de sesenta y cinco años o más acceso incondicional al voto por correo, mientras condiciona esa misma opción para los votantes más jóvenes a categorías de elegibilidad, documentación y un plazo rígido, el estado asigna oportunidades de voto de manera desigual basándose únicamente en la edad».
El fallo no cierra el caso. Lo devuelve a los tribunales inferiores con instrucciones concretas. Gregory fue claro: o todos los votantes de Carolina del Sur tienen derecho a votar en ausencia sin restricciones, o ninguno lo tiene.
Carolina del Sur no se queda quieta. Sus representantes ya avisaron que apelarán. La meta, según el reporte, es llegar hasta la Corte Suprema.
El momento no es casual. La orden se conoció la misma semana en que la Corte Suprema emitió un fallo mayormente favorable al esfuerzo del presidente Donald Trump para limitar el voto por correo en todo el país. El exabogado adjunto de la Casa Blanca, Gene Hamilton, dijo que agencias federales como el Servicio Postal ya pueden avanzar con partes de la orden de integridad electoral de Trump. Eso incluye nuevos estándares para el correo de boletas y esfuerzos sobre listas de ciudadanía estatal. Los estados que se oponen esperan para ver qué acciones federales concretas podrían servir de base a nuevas demandas.
Aquí está la lección que la burocracia electoral no quiere escuchar. Una regla que privilegia a un grupo por edad, sin pedirle papeles ni plazos, mientras exige todo eso a los demás, no es una facilidad administrativa. Es una desigualdad con nombre y apellido.
El relato de que endurecer el voto por correo es «supresión» se cae otra vez. Aquí un tribunal federal, no un activista, dice que la laxitud selectiva es la que discrimina. Y llega justo cuando la Corte Suprema le da oxígeno al plan de integridad electoral de Trump. Doble golpe, misma semana.
