Humberto Castro tiene 59 años. Vive en Doral desde hace ocho. Iba manejando a su trabajo cuando agentes del ICE lo detuvieron.
Su hija, Arianna Castro, cuenta los detalles. Su padre tiene permiso de trabajo válido hasta 2030. Su asilo está pendiente. No tiene antecedentes criminales. Lo esposaron igual.
El caso no es aislado. Una ola de arrestos golpea al sur de Florida, hogar de la mayor comunidad venezolana de Estados Unidos. Ahora esa comunidad exige respuestas.
Dos organizaciones del exilio, Veppex y Amavex, prepararon un informe. Lo enviaron a congresistas y senadores. Piden investigar las detenciones de venezolanos con procesos migratorios abiertos.
El documento denuncia la eliminación de protecciones temporales. Señala que personas con asilo pendiente están siendo detenidas para deportación, incluso a países como Liberia. Y apunta algo clave: las autoridades no publican cuántos detenidos tienen antecedentes penales.
Los números que cita el informe son duros. Hasta julio había 65.765 personas bajo custodia del ICE. Más del 70% no tenía antecedentes criminales. El reporte documenta además tres casos concretos de venezolanos detenidos entre julio y agosto con autorización de empleo vigente.
Helen Villalonga preside Amavex. Dice que la política migratoria de la Administración Trump ha «lastimado de manera brutal» a la comunidad.
Casi la mitad de Doral es venezolana. La ciudad firmó un acuerdo 287(g) con inmigración el año pasado.
Muchos venezolanos del sur de Florida votaron por Trump. Esperaban más presión sobre Maduro. Esperaban que las deportaciones apuntaran a criminales y a vínculos con el chavismo, según Villalonga. Ahora hasta republicanos venezolanos la llaman para decirle: «Esto no era por lo que votamos».
Villalonga busca presionar a los congresistas del sur de Florida antes de noviembre. Dice que hubo simpatía verbal, pero nada concreto. Los legisladores, afirma, ni siquiera confirmaron recibir el informe.
El reclamo de fondo no es ideológico. Es de datos y de reglas claras. Si el Estado detiene y deporta, debe mostrar registros: quién tiene antecedentes y quién no.
La opacidad administrativa no defiende a nadie, ni a quien pidió mano dura contra el chavismo ni al contribuyente que financia el aparato migratorio. Rendición de cuentas no es un capricho progresista: es la base mínima del estado de derecho que esta misma comunidad reclamó al huir de Maduro.
